por Benjamin Moallic y Daniel Vasquez
Hasta mayo 2021, Honduras ha sido uno de los países más afectados de la región centroamericana por la pandemia de COVID-19, con 215 833 casos registrados, 5 318 fallecidos y un promedio de 835 nuevos casos diarios censados en las últimas 72 horas (02/05/2021).
Después de la confirmación de los primeros casos en territorio nacional, el 11 de marzo 2020 el gobierno hondureño decretó estado de emergencia sanitaria en todo el país y comenzó a tomar medidas para controlar la pandemia, tales como la prohibición de eventos multitudinarios, la cancelación de las clases presenciales en los centros educativos y las universidades, así como la restricción de acceso al territorio nacional de extranjeros provenientes de Europa, China, Irán y Corea del Sur.
En los días siguientes, también se prohibió el acceso a supermercados y comercios y se cancelaron las actividades laborales, deportivas o de otro tipo que involucraran la reunión de más de 50 personas. Para el 15 de marzo, ante el crecimiento de casos de COVID-19, el gobierno suspendió toda actividad laboral, deportiva, religiosa o social, así como, la cancelación del transporte público. Finalmente, el 20 de marzo se estableció un toque de queda absoluto en todo el país (con excepción de ciertos sectores claves para la economía). Si bien, en un primer momento, estas medidas fueron previstas por un periodo de quince días, se prolongaron todo el año 2020 y parte del 2021, con algunas fases de flexibilización durante el encierro por la pandemia.
Durante la contingencia sanitaria, el gobierno hondureño invirtió cerca de 1 000 millones de lempiras en infraestructura médica y contratación de personal médico. A la par, Honduras fue elegido por la Organización Mundial para la Salud (OMS) para probar tratamientos experimentales en pacientes con síntomas leves y en pacientes hospitalizados en estado grave, logrando ciertos resultados en pacientes en el área de cuidados intensivos.
También el gobierno multiplicó las iniciativas económicas y las medidas de aliviamiento para las poblaciones vulnerables, financiadas principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), empezando con la distribución de ayuda alimentaria y el mejoramiento de la infraestructura educativa y de distribución del agua.
A pesar de la ayuda internacional recibida, las autoridades no han sabido frenar el avance de la pandemia. Al contrario, la administración hondureña se caracterizó por su desorganización y la gestión del gobierno se vio manchada por varios escándalos de corrupción. Las consecuencias han sido importantes, sobre todo para el personal médico, el cual ha sido particularmente afectado a causa de la falta de recursos y de capacitación.
No obstante, las fallas en la gestión de la crisis sanitaria, sólo son la punta visible de una crisis más profunda y generalizada que, al lado de las acusaciones de narcotráfico en las más altas esferas, de los escándalos de brutalidad policiaca en contra de los estudiantes y opositores, de la multiplicación de las caravanas y de la migración masiva, revela el carácter fallido del Estado hondureño y la transformación de la democracia hondureña en “pseudo-democracia”.
Una transición saludada
Recordemos que antes del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, Honduras no dejaba de ser alabado por la solidez de su transición democrática. Por lo menos, era la posición de politólogos como José Álvaro Cálix Rodríguez, quien se había sorprendido por el nivel de estabilidad política, el grado de estructuración del sistema de partidos y la continuidad de las elecciones en un país como Honduras minado par la pobreza y la debilidad de su Estado de derecho.
En un artículo de la revista TRACE No. 48 de 2005, titulado Un cuarto de siglo de elecciones en Honduras. La contribución de los procesos electorales a la transición y consolidación democráticas, el politólogo José Álvaro Cálix Rodríguez no dudaba en afirmar que “los rasgos que presentaba la democracia hondureña parecían ubicarla como uno de los regímenes más estables en Latinoamérica, con un sistema bipartidista presentando características excepcionales de alternabilidad y consistencia en sus bases de apoyo territorial”, y de agregar que “la sola realización de seis elecciones generales consecutivas significaba también que existía un capital democrático que había permitido tal continuidad”.
Sin embargo, el politólogo también notaba cierta reserva entre la ciudadanía en cuanto a la efectividad de la gestión gubernamental y las capacidades del Estado por velar por los intereses de la población. Y desde ya, retomando les palabras de Mario Posas, advertía que “si la ciudadanía no encontraba beneficios tangibles en la democracia, aumentaba el riesgo para la emergencia de soluciones populistas que, bajo el ‘supuesto encanto’ de ignorar los procedimientos democráticos, promuevan una regresión autoritaria que termine consumiendo los avances logrados durante la transición”.
Las palabras de Mario Posas hacen hoy en día eco a los eventos que sumergieron el país en la crisis: la llegada de Manuel Zelaya al poder en 2006 y el golpe de Estado que lo llevó al exilio en 2009; eventos que abrieron una brecha irreparable y llevaron no solamente el Estado a un estado de quiebre sino también la sociedad en un callejón sin salida.
Es este “impase” que analizó Daniel Vásquez en un articulo de julio 2020 en el cual volvía sobre la desorganización del Estado hondureño.
El impase hondureño
Por Daniel Vásquez
Rodeado de policías y militares como le es característico, el presidente de la República confirmó el pasado 11 de marzo los dos primeros casos de Covid-19 en Honduras, sin dejar claro un plan de contingencia, la naturaleza de sus objetivos y alternativas, o los veedores del proceso de lucha contra la pandemia. Desentendiéndose de los conocedores en materia sanitaria, Hernández ha optado por entregar la gestión de la crisis en manos de un incondicional círculo de miembros de su equipo de gobierno, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Salud (SESAL), la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) e instituciones que en el vox populi, son hoy sinónimo de corrupción, como la denominada Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H). Desde el primer aviso presidencial, los voceros de estas instancias se encargaron de presentar cotidianamente datos referentes al avance de la pandemia: número de pruebas realizadas (positivas/negativas), de nuevos casos, de fallecidos, de recuperados y de repartición de los hospitalizados (estables/graves/unidad de cuidados intensivos).
Sin embargo, la concentración de los poderes del Estado con el irrestricto apoyo de las Fuerzas Armadas, así como la transmisión de informaciones por medio de cadenas nacionales fuertemente cuestionadas y el aumento del clima de inseguridad y de corrupción, ha terminado por acentuar la desconfianza de la población hacia el gobierno.
Más aún, desentendiéndose de los consejos planteados por médicos especialistas, ingenieros y arquitectos, las entidades responsables de contener la ola de contaminación han fallado catastróficamente. De hecho, a causa de este mal manejo de la emergencia, los contagios no han hecho más que aumentar. De tal modo que el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), quien estableció un valioso monitoreo del COVID19 en Honduras, ha registrado un aumento exponencial de los casos de infección.
De 361 casos positivos, 25 personas muertas y 7 recuperadas reportadas el 11 de abril en 11 de los 18 departamentos del país; pasó el 11 de mayo a 1,778 casos activos, 116 personas muertas y 206 recuperadas en 16 departamentos. Exactamente un mes más tarde se reportaban 6,538 casos activos, 294 personas muertas y 837 recuperadas en 17 departamentos. El 11 de julio se documentaban 23,911 casos activos, 771 personas muertas y 2,901 recuperadas, en los 18 departamentos del país, y el 27 de julio, la cifra era de 33,536 casos activos, 1,166 personas muertas y 5,039 recuperadas.
La mayoría de los 29 hospitales públicos (nacionales, regionales y de área) – fundados antes de 1980 – no poseían las condiciones mínimas de atención para absorber ese flujo de contagiados. Los testimonios de sus trabajadores y usuarios demuestran los resultados de una política económica que ha priorizado el gasto militar por encima del presupuesto en salud (pasando respectivamente de 7,44% del presupuesto general del Estado en 2013 a 7,97% en 2020, y de 6,62% a 5,64% en el mismo período).
Relegación del sistema sanitario igualmente indisociable de los sucesivos acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ambos promotores de una disminución de la masa salarial y de la privatización de los servicios medicales. Como resultado, el horizonte de muchos de los titulados en medicina es la migración, calculándose la partida de 5,017 médicos entre 1996 y 2010. De acuerdo con las autoridades del Colegio Médico de Honduras (CMH), de 16 mil afiliados aproximadamente trece mil se encuentran actualmente desempleados, pese a la gravedad de la crisis. Por ello la llegada de médicos cubanos para suplir las carencias estatales desatan sentimientos encontrados entre la población.
En este contexto, los centros urbanos más afectados, ubicados en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, seguidos actualmente por Yoro y Atlántida, se mantienen en estado de alerta. Teóricamente existe un toque de queda cuasi-absoluto a nivel nacional, que en la práctica es desafiado en masa. Ubicado al extremo oriente y sin conexión por carretera con el resto del país, el departamento de Gracias a Dios fue el último en contaminarse debido al carácter históricamente relegado de su población y la escasez de contactos de la región con el exterior. Los pech, tawahkas, y garífunas que habitan parte del territorio ocupado por una mayoría de misquitos, no cuentan de asistencia médica alguna. En lo que a esta región se refiere, el gobierno ha demostrado mayor interés en los arqueólogos extranjeros que promueven la recientemente localizada Ciudad Blanca para revistas como National Geographic, en lugar de adoptar medidas que den respuesta a las urgentes exigencias de los pobladores. Es allí, en las profundidades del país, donde según la presidenta del CMH la situación es más crítica: « no hay oxígeno ni energía eléctrica, volviendo imposible la supervivencia de alguien afectado por Covid-19 » comentaba en Radio América, el 21 de julio de 2020.
Ante la falta de respuestas del Estado, los trabajadores de la salud han multiplicado las protestas. El 4 de abril, por ejemplo, se dio a conocer la renuncia de 25 enfermeras sobre las cuarenta empleadas en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Poco después, el 13 de abril, personal del IHSS de San Pedro Sula y del Hospital Escuela de Tegucigalpa hizo un llamado al gobierno para que éste entregara material especializado para tratar los pacientes del COVID. El 2 de junio, el director del Hospital Escuela manifestó públicamente su preocupación ante la falta de insumos médicos, de camas o de personal. El mismo día, integrantes de la Brigada de Respuesta Rápida registró una denuncia en contra de las autoridades sanitarias por incumplimiento del pago salarial por más de tres meses. Y el 3, el Instituto Cardiopulmonar del Hospital del Tórax ha denunciado el abandono de su personal y sus pacientes por parte de SINAGER.
De tal modo que en conferencia de prensa fechada el 6 de julio, las autoridades del CMH insistieron sobre la necesidad de que las autoridades pongan en marcha los planteamientos sanitarios emitidos el 26 de marzo por los médicos y especialistas. A la vez, exigieron mejores equipos de seguridad y condenaron las irregularidades en las compras de material, que además de llegar incompletos, eran inadecuados para enfrentar la situación.
Sin embargo, el alza de tono no contribuyó en una mejoría sustancial de las condiciones de trabajo del personal médico. De tal manera que el personal de salud se vio particularmente afectado por el virus y el número de trabajadores de la salud contagiados aumentó un 109% entre el 7 y el 25 de junio, llegando a sumar 1,221 contagiados.
Por eso, no solamente los médicos denunciaron sin descanso la minimización de las cifras por parte del gobierno – como lo hizo el presidente de la Asociación de Médicos del IHSS desde abril 2020, quien aseguraba cotidianamente que los datos brindados por SINAGER eran bastante subestimados – sino que múltiples sectores de la sociedad acompañaron estas críticas de la gestión gubernamental, manifestando su descontento por la gestión económica de la crisis. Así, muchos se pronunciaron a favor del mantenimiento del comercio o por la activación de una compensación estatal. Es el caso de los empleados de las tabacaleras, del sector pesquero o de los vendedores ambulantes de diferentes regiones, quienes, junto a pobladores de municipios como Choloma en el norte o Marcovia en el sur, han optado por bloquear carreteras para plantear sus demandas.
De la misma manera, cuantiosos empleados de las maquilas han presentado quejas respecto al incumplimiento de las medidas de seguridad, petición igualmente enarbolada por los familiares de los privados de libertad y de asociaciones preocupadas por el respeto de los prisioneros. Además de los empleados de la salud, los gremios mejor organizados en cuanto a la proyección de sus demandas han sido los transportistas y las funerarias. Entre el 4 de mayo y el 1 de junio se registraron varias manifestaciones del gremio de transporte pidiendo una compensación por las pérdidas ocasionadas por el toque de queda. Por su parte, la Asociación de Funerarias de Honduras ha denunciado desde el 17 de abril la inercia del gobierno ante las demandas de apoyo de las funerarias para la gestión de los entierros especiales.
Pobladores cercanos a ciertos cementerios de Tegucigalpa se sumaron a las protestas en contra de la intención de construir fosas comunes en terrenos aledaños a sus hogares. En búsqueda de seguridad, vecinos de ciertas colonias de la capital se han organizado para filtrar las entradas en su área.
De tal modo que el Estado se vio rápidamente desbordado por una sociedad civil desconfiada y reacia. Desconfianza que ha sido reforzada por el clima de inseguridad que aumentó con la pandemia de coronavirus.
De hecho, la relegación de la población al espacio privado se ha acompañado de un alza de las violencias domésticas. El Inspector de la Dirección Policial de Investigaciones informó el 6 de mayo que, en el transcurso de la pandemia, 200 hombres habían sido detenidos por ese motivo. Conforme a datos del Ministerio Público, sólo entre el 17 y el 19 de mayo se registraron 651 denuncias presentadas por mujeres contra su pareja. Violencia intrafamiliar que ciertas personas, como la coordinadora del movimiento feminista Visitación Padilla, vieron agudizadas por la falta de atención por parte de la policía.
Ese clima de inseguridad fue también alimentado por la revelación de casos de corrupción y de narcotráfico. A ningún momento de la crisis los flujos de narcotráfico se han detenido. Al contrario, a tenor de observadores de la realidad nacional, cada día resulta más adecuado calificar el país de «Narco-Estado», puesto que el negocio de la droga ha logrado infiltrarse en todas las esferas de la economía y de la administración pública. Honduras pasó de ser un país de tránsito a convertirse en almacenador, consumidor y productor. Y la pandemia no parece haber detenido esta tendencia. En marzo de 2020 se sucedieron los escándalos ligados a la penetración del narcotráfico en Honduras. El 3 de marzo se anunció por ejemplo la intervención policial de un «narco-laboratorio» instalado en medio de una plantación ilegal de hoja de coca, en pleno departamento de Colón. La mañana del 7 de abril, dos empleados del Hospital Escuela de Tegucigalpa fueron detenidos por transportar 300 paquetes de marihuana en una ambulancia estatal. El 21 de julio se informó sobre la incautación de 800 kilos de droga de una avioneta abandonada en el departamento de Gracias a Dios.
A estos hay que sumar los escándalos de corrupción y de malversación de los fondos públicos. COPECO fue por ejemplo acusada por la población, desde principios de abril, por la compra sobrevalorada de televisores (10 por 70 mil lempiras) y percoladoras (10 por 40 mil lempiras) en plena crisis sanitaria. También fue acusada de mal manejo de sus instalaciones, de las cuales un hospital móvil insípidamente instalado en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés. Pese a ser una de las regiones más afectadas, el hospital cumplía un mes en desuso el 7 de mayo. Igualmente abandonados se encuentran 129 ventiladores mecánicos valorados en 47,5 millones de lempiras, que además de venir incompletos desde Estados Unidos, solo servían para el traslado de pacientes o atención intermedia, por lo que no eran utilizados.
Pero el actor estelar de esta trama corruptiva ha sido la instancia pública Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), que surgió en 2014 como reforma de la Unidad Implementadora del Programa de la Cuenta del Milenio, fundada en 2005. En una entrevista fechada el 13 de abril el director de INVEST-H, Marco Bográn, planteaba serenamente que desde medio oriente vendrían las estructuras para la construcción de hospitales móviles, por medio de un proveedor estadounidense, enfatizando que se trataba de 5 hospitales (desplegables en 10) de 91 camas cada uno, comprados con fondos estatales por un precio de cuarenta millones de dólares. Primero fue anunciada la llegada de los hospitales para finales de mayo e inicios de junio, luego para inicios del mes de julio. El 22 de junio, circuló en la prensa local que Axel G. López, presidente de Elmed Medical, la empresa proveedora de los hospitales, había en realidad falsificado documentos propios de la empresa SDI Global LLC, fabricantes de este tipo de hospitales (El Pulso, 22 de junio 2020). El director de esta última ha formalizado denuncias contra el guatemalteco Axel López. En conferencia con miembros del Congreso Nacional del 23 de junio, Bográn defendió su posición, asegurando la eventual llegada del material a Puerto Cortés, negándose en renunciar. Tres días después anunciaba su renuncia, para luego dar declaraciones ante la Agencia Técnica de Investigación Criminal, el 7 de julio. El caso sigue inconcluso. El 8 de julio, los directivos de INVEST-H comunicaron que para instalar los hospitales móviles se requiere la venida de 10 técnicos desde Turquía. La nueva directora interina ocupó el cargo apenas 13 días, volviendo pública su carta de renuncia el 16 de julio. Ese mismo día, Radio América reveló una conversación entre la Secretaría de Finanzas y Bográn, en la cual ella aseguraba que las compras directas contaban con el visto bueno del presidente del ejecutivo. Los primeros dos hospitales llegaron el 10 de julio, dentro de los cuales venían 44 vaporizadores en mal estado.
Aún no se ha realizado un inventario completo del material proveniente en los contenedores. Todo permanece en la incertidumbre. No obstante, no es solamente el caso de los hospitales que ha presentado irregularidades. De acuerdo con un informe del Consejo Nacional Anticorrupción, también se sobrevaloraron mascarillas por un monto de 57,7 millones de lempiras, que ni siquiera eran recomendadas para uso médico. Para culminar, justo antes de renunciar, Bográn firmó un contrato de 250 millones de lempiras para la adquisición de equipo de seguridad con una empresa china, sin fecha de llegada.
En suma, la gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno hondureño ha puesta a la luz el carácter frágil del Estado y de sus capacidades de intervención. Minado por el narcotráfico, la corrupción y el amiguismo, pero también por una desorganización generalizada, el Estado no ha sido capaz de proteger la población y los personales médicos de la difusión del coronavirus, ni de instaurar un clima de confianza o difundir algún sentimiento de solidaridad nacional. En su lugar, la crisis sanitaria resaltó la crisis del Estado en su conjunto. Por lo tanto, frente a la inoperancia estatal, la acción colectiva y la auto-organización de la sociedad civil bajo directrices médicas parecen ser una alternativa para salvar vidas en el contexto actual de difusión de la pandemia.
